La diputada Nathalie Castillo (PC) acusó una grave negligencia por parte de Minera Los Pelambres (MLP), principal yacimiento minero de Antofagasta Minerals del Grupo Luksic, luego del desbordamiento registrado en instalaciones asociadas al Tranque El Mauro. Este hecho obligó a restringir de manera preventiva el consumo de agua proveniente de las fuentes superficiales y subterráneas de la cuenca del estero Pupío para resguardar la salud de la comunidad de Caimanes, localidad de la comuna de Los Vilos. Este curso fluvial es fundamental para el consumo, desarrollo agrícola y subsistencia de las comunidades.
La parlamentaria sostuvo que la prioridad inmediata debe ser proteger a las familias, garantizando el abastecimiento permanente de agua potable mientras se determina la magnitud del hecho y sus consecuencias ambientales y sanitarias.
“Lo que ocurrió es de máxima gravedad. Si hoy las autoridades deben prohibir el consumo de agua y distribuir agua envasada a la población, significa que fallaron los protocolos preventivos de la empresa. Minera Los Pelambres debe asumir su responsabilidad y entregar toda la información con absoluta transparencia”, afirmó.
La parlamentaria agregó que esto forma parte de un largo historial de conflictos entre la comunidad y el Tranque El Mauro.
“Durante años las vecinas y vecinos han advertido los riesgos de esta operación y han debido recurrir a la justicia para defender sus derechos. Incluso existió un fallo judicial de primera instancia que ordenó la demolición del muro del tranque, lo que demuestra la gravedad de las controversias que han existido en torno a este proyecto, más allá de que posteriormente esa resolución fuera modificada después. Hoy vemos nuevamente que las advertencias de la comunidad no eran infundadas.”
“La salud de las personas debe estar por encima de cualquier interés económico. Las familias de Caimanes no pueden seguir pagando el costo de fallas que debieron prevenirse”, complementó Castillo.
La diputada PC exigió la intervención inmediata de la Superintendencia del Medio Ambiente, Sernageomin, la DGA y la Seremi de Salud para investigar las causas del incidente, determinar eventuales responsabilidades administrativas y ambientales, además de realizar monitoreos independientes de la calidad del agua.
“No podemos seguir aceptando que las utilidades de una gran empresa estén por encima de la seguridad de las comunidades. La salud de las personas, la protección del agua y del medio ambiente no son negociables. Si existen responsabilidades, estas deben investigarse y sancionarse con todo el rigor que corresponde”, concluyó.